LA TRAICIÓN

Dina Boluarte Zegarra, hasta hace 35 dias atras, era parte del gobierno de Castillo, es ahora parte de la dictadura congresal, esta sometida a las fuerzas armadas y a los que perdieron las elecciones el 2021: la derecha bruta y achorada-DBA.

Su discurso en el Congreso configura una traición, no solo a ese gobierno del que fue parte, sino sobre todo al pueblo que la eligió, porque ella hizo promesas de cambio. Ahora habla de “desgobierno y corrupción”. ¿Acaso lo notó solo cuando tuvo la oportunidad de colocarse la banda presidencial?

Ha llamado a la unidad nacional, al diálogo y a un gabinete multipartidario a las fuerzas políticas que hace poco la acusaron constitucionalmente. Pero archivaron esa denuncia cuando el cerco contra Castillo se cerraba y ella pactaba con los golpistas la traición: no me investigan, no me inhabilitan, vacan a Castillo y ella asumía la presidencia, luego la derecha mas intransigente y partidos politicos que perdieron en las ultimas elecciones, gobernarian a su antojo.

Dina Boluarte era la carta bajo la manga de la dictadura congresal. La traición al hombre que lo llevo al poder y que acabo cual judas con Jesus. Por eso ella ahora habla de tregua política y pide a la Fiscalía de la Nación y a la Procuraduría que investiguen la corrupción.

Ha dicho que se quedará hasta el 2026, garantizando la continuidad de un Congreso rechazado por la mayoría del pueblo, que lo ve claramente como sinónimo de corrupción. Ella traiciono a Castillo, a su pueblo de Andahuaylas y al Perú entero.

Nosotros reiteramos nuestro pedido: exigimos nuevas elecciones generales para el 2023 y la convocatoria a una ASAMBLEA CONSTITUYENTE PLURINACIONAL, SOBERANA, POPULAR Y PARITARIA. Que no esté en manos solo de los partidos políticos, cualquiera sea su signo, sino con participación plena y efectiva de las organizaciones del movimiento social, con escaños para los pueblos plurinacionales, indigenas, LGTB+ y todo aquel que sienta y necesita ser representado.

Reiteramos también a la OEA y CIDH que analise estos momentos la crisis política en el Perú, que respalde esta verdadera salida de cambio. Desde el pueblo, con el pueblo, para el pueblo.

DICTADURA CIVICO-MILITAR

Desde que Pedro Castillo fue traicionado por su vicepresidenta Dina Boluarte y asumiera la presidencia, más de 45 personas han sido asesinadas por militares y policias, dentro del estado de emergencia implantado por la dictadura como medida de represión a los que piden su renuncia, cierre del congreso y nuevas elecciones el 2023.

Castillo, que hace año y medio llegó al poder tras ganar las elecciones, no consiguió en ningún momento llevar la iniciativa de cambio, ya que goberno con las manos atadas, el congreso no le aprobo mas de 70 proyectos de ley a favor de los mas pobres, no le permitia salir del pais y a merced de los continuos impedimentos que le fue poniendo,intentó vacarlo en dos ocasiones anteriores. A la tercera fue la vencida, después de que el presidente se diera un autogolp y anunciase la disolución del parlamento. Fracasó por que lo traicionaron su gente mas cercana, no contaba con el apoyo de los militares ni los policías y acabó detenido por rebelión.

En noviembre del 2020, en las protestas contra Merino, dos (2) limeños murierony el usurpador tuvo que renunciar e irse. En 35 dias en el poder la asesina Boluarte, desde diciembre del 2022 a enero del 2023, casi 50 provincianos muertos por balas de militares y policias en las protestas contra ella y contra el congreso, resultado: no pasa NADA, ningun partido, prensa limeña, politicos tradicionales y artistas de Lima, se indignan, todos en silencio, como avalando esta matanza. ¿¡Cómo no entender la rebelión de las provincias en Peru!?

Hildebrandt escribe "La presidenta ha sido secuestrada por la derecha y nadie dice nada. Los perdedores de las elecciones del 2021 constituyen ahora la nueva mayoría oficialista congresal: Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y algunos otrosíes. La prensa concentrada aplaude". Repugnante desde todo punto de vista.

Los seguidores de Castillo tomaron las calles desde el momento que Dina Boluarte asume la Presidencia. Piden la liberación del expresidente y que Boluarte convoque a elecciones de inmediato. Consideran que la situación actual supone una victoria para el Congreso, que ha conseguido el propósito de echar a Castillo y mantenerse a la vez en pie. Los congresistas se han convertido en un obstáculo para los presidentes peruanos. Se pasan el mandato tratando de echar a los jefes de Estado a través de una figura llamada vacancia por incapacidad moral permanente, un mecanismo que debería usarse para destituir a mandatarios con problemas mentales. Sin embargo, se aplica con mucha soltura, pues solo se necesitan dos tercios de los congresistas para aprobar esa especie de moción de censura.

La inestabilidad ha encendido parte de Perú. En el centro de Lima acampan seguidores de Castillo que aseguran que de ahí no se van a mover hasta que haya un nuevo llamado a elecciones. Llevan camisetas en las que se lee: “¡Cierre del Congreso corrupto! Pedro Castillo, libertad”. Cada noche tratan de rodear el hemiciclo, pero la policía los contiene con gases lacrimógenos.

El Gobierno declara el estado de emergencia en todo el territorio nacional por 30 días calendario debido a la crisis política que afronta el país por el golpe de Estado contra expresidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte en el cargo.

La primera víctima del estallido social que tiene en vilo a Perú fue David Atequipa Quispe, un adolescente de 15 años que comenzaba a descubrir la vida. La segunda, un chiquillo que apenas había cumplido la mayoría de edad y que no podrá emular nunca más en una cancha de fútbol a las dos megaestrellas que componen su nombre: Beckham Romario Quispe Garfias. Ambos nacieron en Andahuaylas, una región de la sierra Sur del país. Ambos salieron de sus casas para protestar tras la destitución de Pedro Castillo y contra la dictadura de Dina Boluarte y no volvieron más. Fueron alcanzados por proyectiles de fuego y sus gritos, acallados con balas.

La matanza fue programada, según los reportes del Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, el número de fallecidos se ha elevado a 48, de los que la mayoria murieron de forma directa durante el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas y el resto a causa del bloqueo de carreteras. Por lo menos siete no superaban los 19 años. Ninguno falleció en Lima, la capital, sino en la serranía y en la costa: Apurímac (6), Ayacucho (17), Huancavelica (1), Junín (1), Arequipa (1), La Libertad (3) y Puno (19).

La violencia se desató en Ayacucho, la región más golpeada por el terrorismo entre los años ochenta y noventa. Un pueblo que convive en un eterno fuego cruzado y al que le es muy difícil respirar paz. La masacre sucedió en los alrededores del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte. Como ha podido constatarse en videos difundidos por vecinos, los militares no dispararon al aire, sino al cuerpo. Prueba de ello son los diez y siete fallecidos y 52 heridos, según información de la Dirección de Salud.

“Somos luchadores, no somos terroristas”, se gritó a viva voz en la plaza de Armas de Huamanga, en Ayacucho. Y, como en el pasado, las acusaciones de terrorismo recaen en los manifestantes con el propósito de deslegitimar sus protestas. El Gobierno Regional de Ayacucho ha sido enfático en responsabilizar a la actual presidenta, Dina Boluarte, así como a los ministros del Interior y Defensa. “Deben renunciar inmediatamente a sus cargos. Exigimos el cese inmediato del uso de armas de fuego de parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas contra nuestra población”, señalan en un comunicado

Ya son mas de 600 los heridos a lo largo y ancho del país. Hace dos años, en noviembre de 2020, Perú también ardió con las pérdidas de dos jóvenes: Inti Sotelo y Bryan Pintado, y decenas de heridos, algunos con secuelas de por vida. Por aquellos días se había instalado el breve Gobierno de facto de Manuel Merino de Lama. Las muertes han quedado impunes, puesto que todavía no se ha identificado a los responsables.

MASACRE EN AYACUCHO:

La violencia de Ayacucho corresponde a una serie de acontecimientos violentos producidos luego de las manifestaciones iniciadas el 13 de diciembre de 2022, teniendo énfasis violento en los días 15 y 16 de diciembre en el departamento de Ayacucho en el contexto de las protestas en Perú de diciembre de 2022. El 15 de diciembre se produjeron manifestaciones y marchas en Huamanga, el ambiente bélico se recrudeció cuando manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de la ciudad; plataforma defendida por el ejército y la policía nacional, quienes reprimieron violentamente a la población civil. Al día siguiente, la represión y la falta de presencia policial y militar presente en la ciudad, conllevó a nuevos actos vandálicos, como saqueos e incendios de varios edificios públicos no protegidos

La confrontación del pasado 15 de diciembre se produjo cerca de un parque, junto al cementerio y al aeropuerto de Ayacucho. Aunque los militares indicaron que actuaron dentro del “respeto irrestricto de los derechos humanos”, videos grabados por vecinos de la zona y revisados por The Associated Press, muestran a varios soldados disparando de forma horizontal. “Han disparado al cuerpo, no al aire”, dijo Natividad Alcarraz, una profesora que presenció el tiroteo.

Algunas de las primeras víctimas cayeron en los alrededores del parque, entre ellas dos padres: Edgard Prado, de 51 años, y José Aguilar, de 20. El primero intentó ayudar a los heridos y recibió un disparo en la espalda que le destrozó el hígado y los pulmones. El segundo, también vecino de la zona, volvía de trabajar cuando un tiro en la cabeza lo mató. Los 17 muertos en Ayacucho fueron por arma de fuego. Ocho hospitalizados también tienen impactos de proyectiles, según autoridades.

Puno. ¡Masacre! Solo tres horas bastó para que 18 personas perdieran la vida durante las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte y del Congreso. Mientras que 68 civiles y 23 policías fueron heridos.

El primero, fue el ciudadano Gabriel Omar Lopez Amanqui (35 años) quien deja tres hijos en orfandad. Según sus familiares la víctima no participaba de las protestas, solo pasaba por el lugar cuando recibió un perdigón en la cabeza que provocó su deceso.

Horas después se confirmó la muerte de cuatro pobladores más y solo bastó minutos para que la cifra llegue a los 18.

Un interno de medicina de nombre Marco Antonio Samillan Sancca (31) también fue víctima de esta masacre, en medio de las protestas falleció mientras ayudaba a otros heridos. EL jefe de los medicos del hospital informo que muchas de las víctimas tenían los organos destruidos, debido a balas DUM DUM que explotan al contacto con un cuerpo y alertó sobre el uso de munición prohibido contra los manifestantes.

Los pobladores usaron motos para trasladar a los heridos al centro de salud más cercano. Los animales tampoco se salvaron, canes resultaron con heridas por los perdigones, mientras que otras murieron por la gravedad.

DE RODILLAS. Los deudos entre lágrimas y de rodillas, pidieron al gobierno de Dina Boluarte que cese con la violencia y con la represión policial. “Ya basta de asesinarnos, ya basta de matar a nuestros hijos, a nuestros nietos. La sangre derramada nunca será olvidada. Exigimos justicia. ¡Dina asesina!”, gritaban los familiares de los fallecidos. Las estadísticas podrían aumentar durante las próximas horas debido a la cantidad de heridos de gravedad que se encuentran en los distintos centros médicos de Juliaca, según el comunicado de la Diresa Puno. La entidad publicó la lista de los fallecidos y de las personas que salieron lastimados.

En la ciudad de Juliaca fue el escenario en donde las fuerzas de la Policía y las FFAA se lanzaron a un operativo que dejo este saldo mortal y en donde el Gobierno parece redoblar la apuesta con el anunció del toque de queda por tres días y la judicialización de los heridos vinculándolos al crimen organizado, como está sucediendo en estos momentos en Juliaca. “Fiscales han comenzado a imputar a los heridos y detenidos de las movilizaciones en Juliaca. A todos los heridos se les exige que acepten los cargos a cambio de atención médica. Las organizaciones sociales están pidiendo que eviten ir a los hospitales para no ser judicializados y que muchos heridos están yendo a postas de salud y se están automedicando”, comento una activista.

Mientras la prensa hegemónica y las fuerzas políticas del establishment hacen eje en la culpabilidad de la protesta para amortiguar los escandalosos números de fallecidos que ascienden a 47 en 35 días de gobierno. “Contra el terruqueo” dicen los manifestantes haciendo referencia a la utilización la estigmatización del “terrorismo” de los sectores de derecha para legitimar la represión contra la protesta social. Algo habitual utilizado por el fujimorismo.